Cerca de doscientas personas, en su mayoría personal sanitario, han participado esta mañana en la concentración convocada a las 11,00 horas en la puerta del Hospital “Virgen de Altagracia” de Manzanares por las organizaciones sindicales más representativas en el Sistema Nacional de Salud, integrada por los sindicatos FSP-UGT, CCOO, Sindicato Médico, Satse, CSIF, CEMSATSE, STC-GS y USAE. Esta protesta se ha realizado en el “Día de lucha por la sanidad” contra los recortes de siete mil millones de euros en sanidad aprobados por el gobierno central.
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| Jesús Vázquez dio lectura al manifiesto conjunto Foto: José A. Romero |
‘Con la sanidad no se juega’ ha sido el lema de la concentración, en la que Jesús Vázquez, del Sindicato Médico, en representación de todos los convocantes, ha leído un manifiesto conjunto. Para las organizaciones sindicales, los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy generan "desigualdades entre la población y empeoran las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud". Un sistema que ofrece "el mejor servicio valorado por la ciudadanía y que es uno de los sectores generadores de empleo del país, con gran calidad de profesionales y además, tiene uno de los mejores resultados de salud entre los países desarrollados".
Pese a ello y bajo la justificación de la crisis económica y de la necesidad de ahorro, se están tomando medidas "que afectan a derechos básicos del ciudadano, como es el derecho a la Salud". Un ahorro en el sector sanitario de este calado puede originar "graves consecuencias en la calidad asistencial y en la atención sanitaria". Entre estas medidas, se encuentran las que van a ahorrar en los recursos humanos del sistema y esto repercutirá "directamente" en los usuarios del sistema, del que todos somos acreedores, y supondrá "cierre de centros, reducción de camas, de equipos, quirófanos, tratamientos".
Según los sindicatos, “una de las consecuencias inmediatas será "el incremento de listas de espera y la sobrecarga asistencial para los profesionales que tendrán que redoblar esfuerzos por menor retribución”.
El manifiesto añade que estas medidas "van a impedir el acceso a la tarjeta sanitaria a un importante número de inmigrantes que viven en España", lo que implica "un incumplimiento del mandato constitucional de que los poderes públicos deben garantizar la salud para el conjunto de la población". Además, los sindicatos consideran que "esta insolidaridad tendrá efectos negativos en la salud pública e incrementará los gastos sanitarios de todos los españoles".
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| Concentración en el hospital de Manzanares Foto: José A. Romero |
De igual manera, lo más "preocupante" es el anuncio del Gobierno de una nueva Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, que quedará dividida en tres niveles: la financiada, la que se realiza con “repago” es decir, con aportación del usuario y la que será exclusivamente de pago.
Este es uno de los principales riesgos para el sistema, que queda quebrado en su esencia de sistema público y universal como lo hemos conocido hasta ahora y como lo regula la Constitución y la Ley General de Sanidad. Rechazamos las medidas del Gobiernos de copagos y repagos porque recaen sobre los más débiles: los más enfermos y los más mayores.
"Por primera vez en nuestra democracia, ocho millones de pensionistas participarán en el copago farmacéutico y se incrementará la aportación de la mayoría de los usuarios", señalan. Las consecuencias serán "inmediatas y los pensionistas con menos ingresos y dolencias crónicas dejarán de acudir a las consultas de Atención Primaria, aumentando los riesgos para su salud e incrementando los gastos de hospitalización".
Las organizaciones sindicales mayoritarias en el Sistema Nacional de Salud afirman que existe "otra manera de salir de la crisis". Así, proponen que se incrementen y mejoren los servicios públicos sanitarios del Sistema Nacional de Salud, que se reforme la gestión del sistema de manera orientada a una óptima eficiencia y efectividad en la atención sanitaria, sin que se tomen medidas estrictamente económicas que recaigan en los usuarios y en los profesionales, que se proteja y se cuide a los profesionales sanitarios que son la fuente principal de excelencia del sistema, que haya consenso, mediante el diálogo y la negociación, con los interlocutores sociales que representamos a los profesionales y que no se tomen medidas por Real Decreto-ley que afectan a los derechos básicos de todos y que se apueste por la coordinación entre el sector sanitario y sociosanitario, y se realice mayor inversión en Atención Primaria, porque ello generará un ahorro a medio plazo en todo el sistema.
Vídeo con el comunicado completo:
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